En la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe aprobó un proyecto de Ley presentado por la legisladora socialista Rosana Bellatti, que apunta a garantizar los derechos de las personas gestantes. La iniciativa pretende la creación de un sistema integral para la visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia obstétrica.
“La maternidad como proceso ha sido regulado histórica y culturalmente por profesionales de la salud. Existe un control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres antes, durante y después del parto, que obtuvo su legitimación en el tiempo, producto de una asimetría médico-paciente, con arraigo en las prácticas sociales”, comenzó explicando Bellatti.
La diputada aclaró que la violencia obstétrica se ejerce en varias dimensiones: desde la manifestación y agresión física, psicológica como aquella que cercena el derecho a la información y a la toma de decisiones en el embarazo, pre parto, parto y/o pos parto, así como en situaciones de aborto en curso o muerte intrauterina.
“El paradigma predominante en la atención institucionalizada del parto ve a la mujer que va a parir como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho. Es una conducta recurrente de las y los profesionales de la salud tanto en el ámbito público como en el privado, que por acción u omisión afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas con capacidad de gestar, y que se expresa en un trato deshumanizado, por el abuso de medicalización o intervenciones médicas y la patologización de los procesos naturales”, resumió.
En este sentido, “estamos frente a otra forma de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia hacia las mujeres y las disidencias, que pretendemos con esta Ley prevenir y erradicar», agregó, aclarando que si bien “como mujeres tenemos garantizados estos derechos en la letra de la legislación nacional y provincial, en nuestra provincia no están regulados los mecanismos y procesos que aseguren la preservación de los mismos”.
Vale aclarar que la norma fue elaborada de manera colectiva junto a la agrupacción santafesina Doulas Feministas, y que la inciativa parte de las inquietudes planteadas durante los diferentes encuentros de Género impulsados por la diputada Bellatti desde inicio de su gestión en 2019. El texto definitivo fue supervisado por los ex ministros de Salud de Santa Fe, los médicos Miguel Cappiello y Andrea Uboldi, y trabajado por otros profesionales y legisladores en la Comisión de Salud de la Cámara baja.
“Estamos felices de poder dar este paso importante en la lucha por garantizar más derechos a las mujeres y las disidencias. Vamos a seguir de cerca su tratamiento en senadores para que pronto tenga sanción definitiva y se convierta en Ley”, concluyó Rosana Bellatti, impulsora del proyecto.
El proyecto
La presente Ley establece la obligatoriedad de la capacitación permanente en materia de perinatalidad y violencia gineco-obstétrica a todo el personal de las instituciones públicas o privadas, habilitadas o a habilitarse, que participen de manera directa o indirecta en la atención, asesoramiento o prestación de servicio vinculado con el pre-parto, parto, post-parto, aborto y muerte perinatal.
La autoridad de aplicación será el propio Ministerio de Salud, quien deberá diseñar el dispositivo de capacitación e implementar acciones de sensibilización, prevención y promoción de derechos en materia de violencia obstétrica destinada a los equipos de salud, instando a la suscripción de convenios con los gobiernos locales de toda la provincia.
Asimismo se ordena la creación de una línea telefónica gratuita (0800) para la recepción de las denuncias de personas que han sido víctima de violencia gineco-obstétrica, designando representación legal, procedimentales y sanciones que podrán ser desde instrucción de un sumario hasta suspensión de la habilitación del prestador, según corresponda.
