La diputada provincial Rosana Bellatti presentó un proyecto de ley para regular los hogares de convivencia de personas mayores en toda la provincia. El objetivo es poder brindar un marco legal de funcionamiento a residencias pequeñas, garantizando controles y condiciones seguras de alojamiento, además de promover la economía del cuidado y evitar el desarraigo.
“Con esta iniciativa estamos dando respuesta a los hogares más pequeños que hoy no están contemplados en la normativa provincial. Siempre se piensa en los geriátricos, y hay mucho en esta economía del cuidado en todo el territorio que no está reglamentado”, comentó Bellatti.
La norma está orientada a la regulación de espacios de cuidado de adultos mayores autoválidos de pocas plazas, con una capacidad de alojamiento que van de 4 a 16 camas.
“Muchas veces estos establecimientos dependen de los gobiernos locales, pero también surgen como emprendimientos privados en viviendas particulares y es necesario que el Estado esté presente controlando su funcionamiento”, señaló la legisladora.
Bellatti remarcó que la propuesta fue presentada y bien recibida por la ministra Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, “incluso ya lo estamos trabajando con parte de su equipo de integración social y personas mayores”.
“Es un instrumento legislativo que hace falta, y que atiende varias aristas: la generación de empleo, porque facilita el desarrollo de estos emprendimientos, un Estado presente habilitando y controlando estos espacios, y la garantía que se le brinda a los adultos mayores y sus familias que están en un lugar bien atendidos”, aclaró.
Por último, la diputada indicó que esta iniciativa descomprime la ocupación de plazas en las ciudades más nodales “evitando el desarraigo de adultos mayores en pequeñas localidades que por falta de habilitación de estas residencias deben instalarse lejos de sus familias”, concluyó Bellatti.
SOBRE EL PROYECTO
Los hogares de convivencia deberán contar con habilitación municipal o comunal, y cumplimentar requisitos administrativos y de personal exigidos capacitados; de seguridad y factor ocupacional; condiciones de higiene, salubridad y seguridad alimentaria.
El proyecto prevé que los establecimientos serán fiscalizados y auditados como mínimo tres veces al año, y se podrán realizar inspecciones de oficio ante denuncias recibidas. Las penalidades que se aplicarán según irregularidades constatadas serán multa, inhabilitación o clausura.
Asimismo, establece la creación de un registro de establecimientos habilitados, como así también de cuidadores de adultos mayores, que será de acceso público y se encontrará en la página oficial de la provincia de Santa Fe.
