Las diputadas provinciales Rosana Bellatti y Clara García, junto al exsecretario de Gestión Pública de la provincia durante la última gestión del Frente Progresista, Matías Figueroa Escauriza, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, presenciaron este miércoles en esa ciudad la audiencia final del denominado juicio de la megaestafa inmobiliaria, donde el tribunal integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, impuso condenas para los tres imputados.
Así, el abogado Antonio Di Benedetto (sindicado como jefe de la asociación ilícita) fue condenado a 12 años de prisión efectiva, más el pago de una multa de $2.340.000 e inhabilitación para ejercer la profesión por 10 años; el gestor Raúl Jaime recibió una pena de 10 años de prisión, más una multa de $1.160.000; mientras al comerciante Marcelo Sava le otorgaron 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $270.000. La sentencia también establece restituir los inmuebles a sus legítimos dueños.
Cabe recordar que las acciones legales comenzaron en 2017 tras la presentación de 8 denuncias de 39 estafas detectadas dentro del Registro de la Propiedad durante la gestión de Miguel Lifschitz como gobernador.
La diputada Bellatti destacó en este sentido que es la primera vez que un Estado, en este caso la provincia de Santa Fe, toma la decisión política de investigar y reunir todas las pruebas, y luego denunciar y sostener en la Justicia este complejo proceso. “Este juicio demuestra cómo áreas administrativas pueden combatir el crimen organizado”, sostuvo, valorando la firme decisión política del entonces exmandatario Lifschitz, “que sienta un precedente inédito”.
Por su parte, García afirmó que se trató de un día trascendente para el futuro institucional de Santa Fe, “porque presenciamos una sentencia que fue histórica, que condena a una organización ilícita, en la cual estaban asociados abogados, escribanos, contadores y hasta un médico, para falsificar documentación y apropiarse de inmuebles en toda la zona”.
Por su parte, Figueroa Escauriza (denunciante en la causa), contó que las maniobras pudieron ser detectadas “gracias a la modernización que incorporamos al Registro de la Propiedad”.
«Son delincuentes de guante blanco que se apropiaban de inmuebles por un patrimonio de más de 20 millones de dólares, entre las que había más de mil hectáreas de campos, lotes, casas», recordó.
“Gracias a las denuncias que presentamos y en la que participé como testigo, fue la primera vez que la provincia lleva a cabo un juicio oral y público contra delincuentes de guante blanco por estafas inmobiliarias, la que entendemos sería la más grande de Argentina, al menos investigada hasta el momento”, cerró Figueroa Escauriza, resaltando el trabajo realizado por el fiscal Matías Merlo y equipo.
