El ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, fue imputado este jueves (28 de abril de 2022) en libertad por maniobras defraudatorias en el marco de una licitación pública para la compra de armas de la policía santafesina. Así lo confirmó la diputada provincial Rosana Bellatti, quien junto a sus pares Esteban Lenci, Lionela Cattalini y Juan Cruz Cándido, denunciaron al ex funcionario en marzo del año pasado ante la Justicia para que se investigue el supuesto intento de direccionamiento del pliego en favor de una empresa.
En la audiencia realizada esta mañana vía Zoom desde el MPA de Santa Fe, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyeron a Sain “negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación”. También imputaron a otros dos ex funcionarios: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas. En tanto en los próximos días será el turno del ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado habilitado, Marcelo Leandro Correa.
Según comentó la diputada Bellatti, la Fiscalía sostuvo que los tres imputados “abusando de su condición de funcionarios públicos”, realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 para la compra de armamento de la policía de Santa Fe por un total de 1400 millones de pesos, y que el accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo “beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”, ya que la confección del pliego sólo permitía acceder a las condiciones a una de las empresas que podía ofrecer todas las armas que se requerían, dejando de lado a firmas competidoras locales.
“La Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa, que es de origen israelí, estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar”, agregó la legisladora.
La licitación quedó finalmente sin efecto y los investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública “por razones ajenas a su voluntad”, según consignaron los funcionarios del MPA. Además sostuvieron que cuentan con evidencia para probar que un representante de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL fue quién redactó las condiciones del pliego licitatorio y se lo mandó a unos de los imputados antes del llamado a licitación.
El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares. En función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.
